Centro Politicas Laborales
edición número
10
ANEXO ABRIL 2016
Centro Politicas Laborales
 

LA REFORMA LABORAL EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y SU NUEVO RUMBO LEGISLATIVO

LA REFORMA LABORAL EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y SU NUEVO RUMBO LEGISLATIVO

LA REFORMA LABORAL HA ENTRADO EN UNA DELICADA FASE DE NEGOCIACIÓN EN VISTA A LA CONSOLIDACIÓN FINAL DE SUS CONTENIDOS  

Introducción

Normalmente, los proyectos de ley finalizan su trámite legislativo y quedan en condiciones de ser promulgados y publicados por el Presidente de la República. En ocasiones, sin embargo, una iniciativa legal debe ser enviada antes de su promulgación al Tribunal Constitucional (TC) para su control preventivo cuando se refiere a o modifica determinadas materias contenidas en la propia Constitución.

El proyecto sobre Reforma Laboral detenta un poco frecuente record, al haber sido objeto de todos y cada uno de los trámites posibles en los que se desarrolla el debate: después de su tercer trámite constitucional, fue sometida al conocimiento de una comisión mixta; luego fue al Tribunal Constitucional para resolver un requerimiento de la oposición sobre cuatro materias que se consideraban atentatorias a la Constitución; luego fue objeto de un Veto Presidencial, que consiste en la facultad del Presidente de la República para proponer la supresión, adición o modificación de alguna de las normas despachadas por el Congreso y, finalmente, se espera la presentación de una   así llamada  ley corta,  que adecuará sus contenidos a los términos del fallo del mencionado Tribunal.

Lo anterior, a nuestro juicio, demuestra dos cosas en forma palmaria. La primera es que el intenso debate indica que se trata de temas enormemente relevantes para el desarrollo del mundo del trabajo y las relaciones en la empresa, tanto para trabajadores como para empleadores. Pero al mismo tiempo, se trata de un debate que nuestra sociedad ha sumergido durante dos décadas en forma imprudente, y que en esta ocasión ha reflotado con fuerza y vigor, porque los trabajadores estiman que parte importante de la desigualdad en nuestro país se debe a una mala retribución al trabajo y, por otra parte, los empleadores estiman que los aumentos de esa retribución deben llevar aparejadas mejoras en la productividad mediante una mayor flexibilidad laboral.

Estos han sido los temas centrales de un debate que se ha extendido ya por casi dos años en el Congreso y en el Tribunal Constitucional, y que ahora se traslada nuevamente al Congreso Nacional.

Tribunal Constitucional y Veto Presidencial

1.-  El Ejecutivo ha planteado que el Proyecto de ley sobre reforma laboral que se presentó hacia fines del 2014,  así como también el que fue despachado por el Congreso en el mes de abril de 2016, considera una construcción jurídica basada en un equilibrio general entre la profundización de los derechos colectivos de los trabajadores --a fin de que la negociación colectiva pueda ampliar su cobertura, propiciando un escenario favorable a una mayor y mejor sindicalización-- y el otorgamiento de herramientas de gestión para que la empresa pueda desarrollar con flexibilidad su proyecto productivo.

Este último aspecto se planteó por el Gobierno a través de la incorporación de los denominados pactos de adaptabilidad que consisten básicamente en la posibilidad de acordar con el sindicato condiciones de jornada ordinaria, horas extraordinarias, tiempos de vestuario al inicio y término de la jornada, compatibilización de vida familiar y laboral, y la posibilidad de ajustar la jornada ordinaria a 4 días en la semana.  Estos pactos suponían  en la propuesta del Ejecutivo, la negociación exclusiva del sindicato para el logro del acuerdo respectivo, lo cual es una expresión de la titularidad sindical. Así, si el Tribunal Constitucional estimó que dicha titularidad no se ajusta a los términos constitucionales, la posibilidad de acuerdo se abre también a grupos de trabajadores no sindicalizados, alterando con ello la propuesta original.

En efecto, el Gobierno, en el Mensaje del Veto Presidencial, señala en este sentido:

"El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo constituye una propuesta de regulación sistémica al conjunto de los institutos del derecho colectivo, de modo tal que cuando se altera el contenido de uno de ellos, inevitablemente se produce una alteración significativa en los demás." [Mensaje de las Observaciones de S.E. la Presidenta de la República; ingresada el día 7 de mayo al Proyecto sobre Reforma Laboral despachado por el Congreso a principios de Abril.]

2.- Por su parte, la oposición ha señalado que este equilibrio no es tal, dado que los objetivos fundamentales de la iniciativa apuntan solamente al fortalecimiento de las directivas sindicales, mediante el endurecimiento de diversas normas como la huelga sin reemplazo, el piso de la negociación y el aumento de las sanciones a las prácticas antisindicales, entre otras materias. En particular, la oposición repara que la obligación de la intermediación sindical en la negociación colectiva va en desmedro de los grupos de trabajadores que sin la intención de sindicalizarse acuden al empleador a negociar sus condiciones de empleo y remuneraciones, lo que tendría un valor constitucional que no se puede desconocer. Argumentan, además, que la enorme diversidad de formas de organización de la actividad productiva implica que muchas veces el o los trabajadores busquen también diversas formas de negociar con su empleador cambios y mejoramientos de condiciones de empleo y remuneraciones. Ello sería uno de los factores que explicarían la baja tasa de sindicalización a nivel global y en particular en países de la OCDE. En Chile ésta se sitúa cerca del 15%, mientras que la OECD, en torno al 27%.

3.- En este estado de cosas, mediante el requerimiento al TC por cuatro materias del proyecto, la oposición cuestionó los siguientes aspectos temáticos de la iniciativa:

• Titularidad del sindicato para negociar en la empresa, estimando que los grupos de trabajadores no sindicalizados tienen también derecho a negociar aun cuando exista un sindicato en la empresa.

• Extensión de los beneficios negociados cuando un trabajador se afilia al sindicato, estimando que la mera afiliación de un trabajador no debe ser el elemento detonante para acceder a beneficios que se han pactado bilateralmente entre el sindicato y el empleador.

• Derecho a la Información de las remuneraciones de los trabajadores para negociar colectivamente, la cual se estimó que atenta contra la privacidad de los trabajadores, colisionando la norma con las disposiciones de la ley de protección de datos personales, al ser prácticamente nominada la información que el empleador debe entregar al sindicato.

• Facultad del sindicato interempresa para negociar por sus trabajadores afiliados en una empresa determinada. El requerimiento estimaba que esta disposición atenta contra el principio constitucional conforme al cual la negociación colectiva se encuentra radicada en la empresa.

4.- El fallo del TC acogió el recurso con respecto a los dos primeros temas y rechazó el recurso con respecto a las últimas dos materias. Pero el punto que ha generado un mayor impacto es lo referido a la titularidad sindical, que indicaba que existiendo un sindicato en la empresa, no podían los trabajadores formar grupos paralelos para negociar con el empleador. La relevancia asignada a la titularidad sindical en el proyecto no solamente  se asocia a evitar un eventual paralelismo sindical, sino también a la mayor capacidad negociadora del sindicato para la negociación de ciertas materias en relación a grupos cuyos integrantes no están amparados por fueros ni por el derecho a huelga.  En esta línea, el Veto Presidencial señala en su Mensaje que:

"La supresión de las normas de titularidad sindical desequilibra el sistema propuesto de negociación de pactos sobre condiciones especiales de trabajo. En la visión del Ejecutivo, permitir que las partes negocien y pacten materias tan sensibles como son la distribución de las jornadas de trabajo, el tiempo de preparación para trabajar, la jornada pasiva y las horas extraordinarias, debe ir acompañado de un debido resguardo de la voluntad colectiva de los trabajadores, lo que se logra a través del reconocimiento de la titularidad sindical, esto es, por la presencia de organizaciones sindicales fortalecidas, autónomas y permanentes dentro de la empresa, que sirvan de efectiva contraparte al empleador." [Id.]

5.- Dado que numerosas normas del proyecto estaban diseñadas sobre la base de la titularidad sindical en los términos descritos, principalmente atendida la necesidad de protección del trabajador frente a la empresa en una negociación de sus derechos laborales, la eliminación de este requisito posibilita que grupos sin herramientas de protección suficientes pudieren negociar esos derechos. Ello, a juicio del Gobierno, hace que la iniciativa se desestibe significativamente de sus equilibrios originales.

6.- En este contexto, el Veto Presidencial apunta a fortalecer la capacidad negociadora de los sindicatos; también, consecuencia de lo anterior, propone suprimir algunos de los pactos de adaptabilidad, ya que conforme lo expuesto por el Tribunal Constitucional, dichos pactos podrían ser acordados por grupos  de trabajadores no sindicalizados. En concreto, el Veto Presidencial u Observaciones de la Presidenta de la República, se refiere a los siguientes puntos:

• Permitir que los sindicatos puedan negociar en forma independiente de los plazos legales que tienen para cumplir los quórums de constitución, eliminando la posibilidad del empleador para impugnar la falta de quórum ante la presentación del proyecto de contrato colectivo por el sindicato.

• Suprimir la posibilidad de acordar sistemas excepcionales de jornadas de trabajo que no sigan los parámetros legales contenidos hoy en el Código del Trabajo en el capítulo del contrato individual.

• Suprimir la posibilidad de acordar la creación de bancos de horas extraordinarias, acuerdos que implican trabajar un número menor de horas extraordinarias que las que se autorizan hoy, pero autorizándose su distribución por sobre las dos diarias permitidas hoy día por ley.

• Suprimir la posibilidad de acordar la remuneración y distribución de la jornada de vestuario a la entrada y salida del horario de trabajo, haciéndola no imputable a la jornada laboral ordinaria, tiempo que hoy sí es imputable a esta jornada.

7.- Hoy día las normas suprimidas basan la protección del trabajador en la ley, ya que se trata de acuerdos que no pueden traspasar el estándar legal. La lógica del veto en este contexto, es que si se abre la posibilidad de acordar estas materias sin la intervención de sindicatos, es normal que se retorne al sistema de protección legal general del trabajador.

En este sentido, el Ejecutivo argumenta que, "Suprimidas dichas normas sobre titularidad por la decisión del Tribunal Constitucional, el esquema se desequilibra gravemente, lo que aconseja la revisión de las normas que permiten negociar este tipo de pactos."

Es evidente que en el debate el eje de tensión se generará a partir del hecho que el Tribunal no objetó en sí mismos los pactos de adaptabilidad, por lo que la oposición argumentará que el contenido del Veto Presidencial lo que hace es suprimir una de las pocas instituciones valiosas de la reforma, lo cual se interpretará como una suerte de revancha por la declaración de inconstitucionalidad de la titularidad sindical.

¿Existirán posibles caminos que permitan mantener los pactos de adaptabilidad con la suficiente protección de la voluntad de los trabajadores?  Es una de las preguntas que cruzarán el debate parlamentario, aun cuando el mundo empresarial nunca ha relevado suficientemente este aspecto de la reforma, dado que la viabilidad de los pactos en la versión original del Proyecto, junto a la exigencia de un alto quórum de representatividad del sindicato,   -estimaban los empleadores-   harían ilusoria su concreción en la mayoría de las empresas.

8.- Finalmente, es necesario señalar que el Veto Presidencial descrito se tramita como una ley corriente, con la salvedad de que no puede ser objeto de modificaciones, y que son diferentes los mecanismos de aprobación y rechazo.

En efecto, el Veto se aprueba si en ambas Cámaras obtiene mayoría simple en las respectivas salas; pero si se rechaza por mayoría simple, se debe recurrir a una segunda votación en cada Cámara por la que se decide si se insiste en el texto primitivo despachado por el Congreso,  debiendo esa insistencia reunir a lo menos dos tercios de los votos; esta ecuación se explica de la siguiente manera:

A] Si el Veto obtiene en ambas Cámaras mayoría simple, se da por aprobado. Dado que el Veto en este caso es supresivo, se debe eliminar del proyecto las normas vetadas.

B] Si el Veto se aprueba en una Cámara, pero se rechaza en la otra, aunque ésta insista en el texto del proyecto por 2/3 de los votos, se entiende que no hay ley en el aspecto vetado, lo cual tiene el mismo efecto que el señalado en la letra anterior, puesto que el Veto es supresivo. Es decir, en el caso de un veto supresivo, da igual su aceptación o rechazo por mayoría simple, puesto que la única posibilidad de que permanezcan las normas vetadas supresivamente es que ambas Cámaras cuenten con dos tercios de los votos para insistir en dichas normas.

 

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