Centro Politicas Laborales
edición número
06
DIC 2014
Centro Politicas Laborales
 

La Agenda Laboral en Perspectiva: de lo Individual a lo Colectivo

La Agenda Laboral en Perspectiva: de lo Individual a lo Colectivo

DESDE 1990 A LA FECHA, LA AGENDA LABORAL HA PUESTO EL ÉNFASIS EN LA REGULACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES. ESTA VEZ, LA INICIATIVA LEGAL PRÓXIMA A INGRESAR AL CONGRESO SE CENTRA EN LA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES A NIVEL COLECTIVO.

La agenda laboral en los últimos años se ha desarrollado a través de una secuencia lógica cuyos parámetros es necesario tener presente a fin de proyectar en el mediano plazo las regulaciones que posiblemente impacten la gestión de recursos humanos y de las relaciones laborales en las empresas, tanto en el ámbito de lo  individual como de lo colectivo.

Debemos señalar, en primer término, que la legislación laboral a partir de 1990  ha estado fuertemente marcada por las modificaciones a diversos institutos en el ámbito de las relaciones individuales. Ello explica, como se verá, que el énfasis de las regulaciones previsibles en este momento y en los próximos años gire, por el contrario, en torno a nuevos esquemas de relaciones colectivas.

En efecto, entre 1990 y 2010, se dictaron un promedio de cuarenta y cinco leyes laborales por cada período de gobierno, pero ellas tuvieron relación solamente con modificaciones en aspectos relativos al contrato individual de trabajo, en materias por cierto relevantes, tales como la subcontratación, remuneraciones, protección frente al desempleo, ingreso mínimo, ampliación de derechos maternales y jornada de trabajo.

Las principales políticas públicas legislativas y regulatorias desarrolladas entre los años mencionados son las siguientes:

• se establece el requisito de una causal fundada para el despido;
• se eleva el tope de las indemnizaciones por despido de 5 a 11 años;
• se crea una indemnización a todo evento para trabajadores de casa particular;
• se crea una remuneración mínima para trabajadores mayores de 65 años;
• se iguala el Sueldo Base al Ingreso Mínimo y se corrigen discriminaciones en el pago de la semana corrida;
• se regula el trabajo realizado en régimen de subcontratación;
• se establece la obligación de grandes centros comerciales en orden a habilitar y mantener salas cuna;
• se establece el descanso dominical, dos veces al mes en el caso de trabajadores por turno y del comercio;
• se establece un Seguro de Cesantía para todo trabajador dependiente;
• se rebaja la jornada de trabajo de 48 a 45 horas semanales;
• se establece la nulidad del despido cuando las cotizaciones de seguridad social se encuentren morosas;
• se tipifica y sanciona el acoso sexual;
• se modifica la judicatura laboral estableciendo el procedimiento oral y se aumentan el número de tribunales, y
• se consagra legalmente la protección a los derechos fundamentales del trabajador en la empresa.

De la misma forma, en el período señalado se han perfeccionado las regulaciones de sectores especiales, intentando compatibilizar las características especiales de algunas actividades con la protección de los derechos de los trabajadores que laboran en ellas. En este capítulo se inscriben los contratos especiales de Futbolistas Profesionales, Trabajadoras de casa Particular, Artistas y Técnicos de Espectáculos, Trabajadores Agrícolas y Tripulantes de Vuelo y de Cabina.

Excepción a esta constante representa la ley 19.759 que vino a cerrar en el año 2001 un capítulo denominado reformas laborales, contenido en las reivindicaciones históricas propias del retorno a la democracia. Este cuerpo legal intentó avanzar en una mayor regulación de las relaciones colectivas, pero la falta de un criterio único de los gobiernos de la época, unido ello a las mayorías ajustadas en el parlamento, no permitieron que una reforma en el ámbito colectivo se concretara en forma cabal.

En este sentido se debe destacar que la referida ley de reformas laborales, liderada por el entonces ministro Ricardo Solari, solamente pudo establecer normas relativas al fuero sindical en la negociación colectiva y en la formación de sindicatos, así como en el mejoramiento de las reglas de protección de la voluntad colectiva de los trabajadores en la celebración de convenios colectivos (negociación semi reglada). Junto a ello, se aumentó el costo de la contratación de reemplazantes en la huelga en el caso de la negociación reglada. Pero se debe reconocer que esta institucionalidad quedó ciertamente incompleta al no poderse abordar integralmente los defectos de un proceso de negociación colectiva que encamina a las partes indefectiblemente al conflicto y no al acuerdo entre ellas.

Haciendo balances simplificados, debemos decir que el resultado que han tenido las políticas públicas con el énfasis puesto en materia de contrato individual de trabajo, notoriamente por sobre aquellas que regulen las relaciones colectivas, ha implicado que ya por dos décadas se mantengan, con algunas variaciones menores,   extraordinariamente bajas las tasas de sindicalización y de trabajadores cubiertos por instrumentos colectivos.

Es en este contexto en el que se deben leer las claves del programa de gobierno en materia laboral y de la iniciativa legal que ingresará próximamente al Congreso Nacional, la cual propone los siguientes temas relevantes:

• establecimiento de la titularidad sindical para la negociación colectiva,
• extensión automática de beneficios pactados colectivamente,
• establecimiento de un piso de negociación colectiva sobre la base del instrumento anteriormente celebrado,
• eliminación del reemplazo de trabajadores en huelga,
• modificación del proceso de negociación colectiva reglada, y
• ampliación de materias a negociar.

Dicho documento pone un énfasis significativo en aquellas materias que, según el Gobierno, son de urgente modificación en cuanto a las relaciones colectivas de trabajo, dado que la regulación relativa al contrato individual de trabajo ya ha sido suficientemente profundizada y, adicionalmente, el conjunto de proyectos y mociones actualmente en trámite en el Congreso Nacional dan cuenta suficiente de las modernizaciones necesarias en materia de relaciones individuales de trabajo.

Consistente con lo anterior y como antecedente más que relevante, el acuerdo de voluntades celebrado entre la CUT y la CPC en 2012, da cuenta también de la preocupación por las falencias en materia de diálogo social colectivo dentro de la empresa.

Ello sin duda debería allanar el camino a un entendimiento si no en la totalidad de las materias específicamente contenidas en el próximo proyecto de ley, a lo menos en el diagnóstico común compartido entre trabajadores empleadores y gobierno.

 

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